La República necesaria

la progresiva aparición de sectores, instituciones, productos culturales y acciones que vienen mostrando el origen histórico de la vigente Monarquía; la publicación y testimonios de los antecedentes de la princesa Letizia que venían a conculcar la moral tradicional de la Iglesia, de esa Iglesia de la que la Familia Real es tradicional e institucionalmente devota; los incidentes en el uso del tiempo libre del Rey; el uso y abuso de la condición personal de yerno del Rey para la obtención de dinero fácil; las malas puntuaciones en los sondeos de opinión; una alta abstención como síntomas de la indiferencia por la cosa pública y, por lo mismo, con una escasa ascendencia sobre el futuro elector, resultando cada vez más difícil fidelizar el voto; una corrupción generalizada en buena parte de las instituciones del Estado y en el sector privado vinculado a la Función Pública; y, finalmente, el propio curso natural de la degradación psicofísica y las intervenciones quirúrgicas del Rey, todo ello aconsejaba, obviamente, renunciar a la Corona a favor de su heredero, siguiendo así el ejemplo de Benedicto XVI a fin de no verse en la misma dramática y absurda situación de Juan Pablo II.

Tras el anuncio de la abdicación, inmediatamente se activarían los mecanismos legislativos por parte del gobierno Popular con el apoyo explícito del Partido Socialista en la Oposición para canalizar esta situación. La abdicación y la inmediata respuesta de los partidos políticos dominantes, asumiendo y renovando el pacto constitucional de 1978 -efectuado en su día entre la ilusión por el cambio y la presión del miedo a una involución política- junto a la proclamación del nuevo rey en su condición de heredero y máxima representación del Estado, nos remiten a una democracia formal y de baja intensidad atada a creencias, miedos, hábitos, al peso del dinero –empresarial- y a las leyes del pasado, incapaz de activar y proponer una reconversión política donde la idea de justicia, de igualdad, el trabajo, el conocimiento general y científico orienten la acción política, más allá de lo establecido en la letra de la ley. Pues, al fin y al cabo, el acuerdo constitucional de 1978 no deja de ser una foto fija, un acuerdo político suscrito bajo un cúmulo de circunstancias estatales e internacionales, hoy transformadas o desaparecidas muchas de ellas, además de recoger en la Constitución del 78 y en la práctica política la ley orgánica de la dictadura sobre la sucesión a la jefatura del Estado (1947) y el propio testamento político de Franco (1975) de guardar fidelidad al Rey.

Sostener hoy la Constitución de 1978 sería permanecer en el pasado, sería seguir escribiendo en máquinas Olivetti con el uso de calcos para duplicados, cuando ya existen los ordenadores e Internet. Y, respecto a la idea de Corona, sería asumir la bondad o funcionalidad de todos aquellos factores que hicieron posible y sostuvieron en el tiempo las diversas formas de dominación política, incluidos los atributos del soberano –de origen como los reyes o de ejercicio como los dictadores- de disponer del trabajo, de los sentimientos, de la vida y de la muerte de los súbditos. Así, en los estudios de polemología, de particular interés en las academias militares, la vigente Monarquía española sería el mejor ejemplo histórico de que, en algunos casos y momentos, la rebelión militar, el recurso a la guerra, a la criminalidad y a la imposición de una dictadura es algo positivo a considerar en el largo plazo temporal, haciendo del estamento militar el sujeto privilegiado de la historia.

Como pertenecientes a la civilización cristiana, quizá aún debamos de recurrir a las enseñanzas de Jesús (Mateo, 13, 25 ss.) sobre la cizaña para expresarnos en forma analógica el reino de los cielos o, en términos políticos terrenales actuales, el sistema de libertades públicas propio de un modelo político abierto y democrático desarrollado durante la transición y transacción política a la democracia, hasta culminar en la Constitución española de 1978. La citada parábola dice así: “El dueño de un campo sembró trigo”, al igual que todos los españoles al darse y redactar una constitución generosa, social, liberal y democrática, a semejanza de las existentes en el resto de los países del bloque Occidental. Y hasta sobrepasándolos en algunas cuestiones durante la transición política a fin de testimoniar y revalidar la voluntad por el cambio político y democrático –cuando no por unas actitudes generosas y hasta inocentes- de sus protagonistas. Y continúan los Evangelios: “Pero los enemigos de este hombre sembraron al mismo tiempo cizaña”. Así lo vendría a establecer Franco que, como enemigo del liberalismo, del socialismo y del parlamentarismo como sistema de libertades públicas y de los sentimientos religiosos o libertad de conciencia de muchos españoles, vendría a sembrar la cizaña de la Monarquía católica en las leyes fundamentales del Estado español. Y el trigo fue creciendo hasta madurar, distinguiéndose ahora fácilmente el trigo o el sistema de libertades públicas de la cizaña en forma de Monarquía como último vestigio de una sociedad estamental o de clases. Después de cuarenta años, quizá haya llegado el tiempo de la siega, pudiéndose distinguir el trigo de la cizaña y alcanzar una alternativa política inherente a los valores constitucionales, pero ahora sin las limitaciones o los mecanismos inherentes a una dictadura, a pesar de los esfuerzos de la cizaña en presentarse bajo la apariencia del trigo. Circunstancia que ha sido posible en nuestra cultura católica al retomar el valor y el poder de convicción de las imágenes puestas al día por las nuevas tecnologías y el trabajo de unas generaciones de periodistas que han hecho de su profesión una misión apostólica de obediencia, sumisión y adulación de la autoridad, siguiendo así lo dispuesto en la ley de Prensa de 1938 y que, al igual que los artistas del Renacimiento y del Barroco, subordinarán la razón a las creencias, a la estética y a las apariencias, la capacidad de pensar y sentir a los acontecimientos obtenidos a través de las lentes de una cámara –de una máquina- no programada para conocer e interpretar el pasado o proyectar un posible futuro, pero sin la servidumbre de los intereses de los herederos de la dictadura, ni de lo que pensaron, creyeron o sintieron los españoles de hace cientos de años bajo los mecanismos propios de la monarquía, es decir, de una dictadura soberana hereditaria. Circunstancias que vendrían a introducir en la vida pública española un conflicto moral y político, forzando a los españoles a padecer una modalidad específica de enfermedad de Alzheimer –recordar y tener en la memoria lúcida ciertos hechos e imágenes del pasado inmediato y olvidar todos los acontecimientos traumáticos o incómodos de un pasado más distante- como condición necesaria para presentar bajo una aparente vitalidad y utilidad la actualidad de la Corona. Se trataría, ante todo, de crear y extender ilusiones infantiles en lo político a quienes se les exigen como adultos aceptar las constricciones, los sacrificios sociales y la degradación de la vida económica y el entorno laboral a fin de hacer frente a las sucesivas crisis económicas, financieras o las derivadas en su día de la necesaria reconversión industrial.

Podríamos considerar normal y ajustado a derecho el aceptar la abdicación de un cargo a una persona de edad avanzada o enferma y activar los procesos legislativos previstos ante una inesperada renuncia al trono. Pero mucho más normal y ajustado a la naturaleza humana, a nuestras tradiciones morales, religiosas, políticas y democráticas la aparición de expresiones –sostenidas por el constitucionalismo de nuestro tiempo- que nos indican tanto el anacronismo y extemporaneidad de la institución de la corona como el origen patológico y excepcional de la vigente monarquía española. Aunque el peso de una tradición de siglos, la falta de lectura, la censura, los prejuicios y los mecanismos de creación de la opinión pública nos hicieran pensar en lo contrario. Sin embargo, tal celeridad en los procedimientos de sustitución sería definida como de normalidad o previsión constitucional o de visión de Estado, donde en este caso la razón de Estado estaría conformada por la voluntad política de las élites de los dos partidos mayoritarios, al margen de sus bases, del resto de los partidos y del conjunto de los españoles. Es decir, por la ley de hierro de la oligarquía, hoy definida como reglamento de grupo como única vía posible de sostener el bipartidismo, impidiendo el acceso a la función pública –tenida por el botín de la lucha política- de otras alternativas políticas a semejanza de la Restauración del XIX. Aunque en lugar de ejercer el fraude en el proceso electoral ahora se lleve a cabo a través de la aplicación de la letra de la ley y el propio sistema de partidos, funcionando más como corporaciones empresariales que como partidos políticos temerosos de la competencia, a semejanza de las empresas. Es, decir, el miedo a una involución política de ayer, hoy es sustituido por el miedo a la pérdida de la hegemonía política de los dos grandes partidos o, dicho de otro modo, el miedo al ejercicio efectivo de la democracia y a la participación política de los ciudadanos. Quizá, un miedo en cierto modo comprensible, ya que una mayor participación y compromiso ciudadano haría preciso la transformación y la misma concepción y estructura de los partidos políticos para poner mayor énfasis en los mecanismos de solución de conflictos, en la canalización, articulación y resolución de las demandas sociales y en la capacidad, formación y participación de las personas. Y, desde luego, es mucho más costoso de sostener en todos los sentidos una sociedad abierta, inquisitiva y participativa que una sociedad obediente y entregada a insultar o aplaudir, cuando no desentendiéndose de la cosa pública. Al fin y al cabo, tanto para la derecha como para la izquierda siempre se gobierna mejor sustentando el arte de la política en la fe, en la devoción, en la obediencia y en la ley, antes que en la razón, en la discusión o la participación.

En cierto modo, los ideales republicanos no estarían relacionados con las formas políticas históricas, ya que la monarquía ha sido el modo usual de organización política desde los remotos tiempos bíblicos; aunque sin olvidar que las monarquías no eran más que unas formas de tiranías o caudillajes hereditarios en defensa de los territorios propios o conquista de los ajenos. Sobre todo ante un conflicto de resolución hereditario, dado el entramado y entrecruzamiento familiar entre las diversas dinastías europeas, cuyos objetivos e ideales políticos era la obtención de un territorio jurisdiccional para los hijos de los que obtener las rentas y el consiguiente género de vida de la clase de la nobleza. Por ello, el ideal republicano parece más bien estar relacionado con la concepción política de un tipo de relación entre el individuo y la sociedad, de una concepción optimista y esperanzadora de la antropología humana, la lucha contra los privilegios o las rentas de situación por razón de nacimiento y del sentido de la justicia entre las diversas épocas que conformarían todas las formas de protesta, desde los tumultos del Antiguo Régimen a las revoluciones contemporáneas.

Además, los cuarenta años de terrorismo -¿ha existido en España terrorismo?- junto al descontento y la falta de integración política del País Vasco y Cataluña en un proyecto estatal, más basado en derechos y deberes que en sentimientos de pertenencia territorial –sentimientos comunes a todos los hombres, aunque en cada uno de ellos cambien los contenidos evocadores - serán los ejemplos más determinantes que nos indican el fracaso de la Monarquía como forma política. Sin embargo, si la idea de Corona se sustenta en el pasado, en la tradición y en la supuesta continuidad de un nacionalismo español basado en valores y categorías ideológicas que ya nadie comparte: ¿Por qué tendríamos que reprochar a vascos y catalanes apelar a esas mismas categorías ideológicas?

Circunstancias que hacen necesario una revisión y profunda modificación del pacto político de 1978 ya que esta Constitución, o cualquier otra, no tienen por objeto permanecer vigente hasta el fin de la Historia, sino hasta allí donde cualquiera de las partes propone su revisión y mejora a fin de que una constitución pueda cumplir con su finalidad y objetivos. ¿Habrá que estar ciego y sordo para no darnos cuenta que la República está llamando a las puertas de todos y de cada uno de los españoles, hacerlos responsables de sus destinos, hacerles perder el miedo a la libertad en el orden de lo político y en su búsqueda de Dios sin caer en la tentación o en la puerilidad de adorar las imágenes o los fetiches de piedra, de madera o encarnados, impulsarles e inculcarles el amor a la vida, a los otros y a lo otro y articular solidariamente sus territorios y su pasado milenario en un mundo cada vez más pequeño, interdependiente y competitivo? Esta cuestión y otras muchas hacen que la República esté llamando a las puertas, a la razón y al corazón de muchos españoles. 

Fuente: www.unidadcivicaporlarepublica.es